El 25 de noviembre ha sido instituido por la ONU como
el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer en homenaje a las hermanas
Mirabal asesinadas por el célebre dictador de República Dominicana Rafael
Leónidas Trujillo en fecha 25 de noviembre de 1960.
No obstante los llamamientos constantes de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos a los países para que extremen recursos para erradicar la violencia de contra las mujeres, es muy poco lo que se ha avanzado, los datos que sobre el tema existen hacen ver que los gobiernos, independientemente de la ideología que sean, privilegian otros problemas antes que encarar con decisión la violencia de género y el resultado es que en el mundo entero aumentan los crímenes como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual, los feminicidios, la violencia doméstica, el consumo de la prostitución y otros como clara evidencia del desprecio y odio, unas veces abierto y otras solapado, contra el género femenino.
Los presupuestos que se destinan para prevenir, investigar y procesar los casos de violencia contra las mujeres son tan insignificantes que no guardan relación con la magnitud del problema. En América Latina, se aprueban leyes que generan la ilusión de que ya hay preocupación en las autoridades; sin embargo, basta ver los recursos materiales y humanos que se destinan para constatar que no existe sincera voluntad de avanzar hacia la erradicación de un problema que afecta a más de la mitad de la población, todas son farsas organizadas para obtener réditos políticos. Lo real es que muchas autoridades tienen sobradas razones para actuar como lo hacen ya que en los equipos gubernamentales se hallan muy bien ubicados personajes conocidos como agresores de mujeres y que desde el lugar que ocupan ostentan su impunidad.
En Bolivia son conocidos los casos de miembros de los órganos del Estado sobre los que pesan sospechas de ser autores de violencia doméstica, violencia sexual, abuso sexual incestuoso, abandono de hijos e hijas, negativa a reconocer hijos concebidos irresponsablemente, hasta asesinatos, pero las investigaciones no avanzan.
Los crímenes como el asesinato de las concejalas Juana Quispe y Dagimar Rivera hasta la fecha no han sido resueltos, así como no son sancionados los miles de casos de violencia sexual lo que demuestra que cuando de la vida y la integridad de las mujeres se trata el Estado no está dispuesto a desplegar esfuerzo alguno. Un 25 de noviembre más que pasará cargado de salutaciones, promesas e hipócritas condolencias.
No obstante los llamamientos constantes de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos a los países para que extremen recursos para erradicar la violencia de contra las mujeres, es muy poco lo que se ha avanzado, los datos que sobre el tema existen hacen ver que los gobiernos, independientemente de la ideología que sean, privilegian otros problemas antes que encarar con decisión la violencia de género y el resultado es que en el mundo entero aumentan los crímenes como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual, los feminicidios, la violencia doméstica, el consumo de la prostitución y otros como clara evidencia del desprecio y odio, unas veces abierto y otras solapado, contra el género femenino.
Los presupuestos que se destinan para prevenir, investigar y procesar los casos de violencia contra las mujeres son tan insignificantes que no guardan relación con la magnitud del problema. En América Latina, se aprueban leyes que generan la ilusión de que ya hay preocupación en las autoridades; sin embargo, basta ver los recursos materiales y humanos que se destinan para constatar que no existe sincera voluntad de avanzar hacia la erradicación de un problema que afecta a más de la mitad de la población, todas son farsas organizadas para obtener réditos políticos. Lo real es que muchas autoridades tienen sobradas razones para actuar como lo hacen ya que en los equipos gubernamentales se hallan muy bien ubicados personajes conocidos como agresores de mujeres y que desde el lugar que ocupan ostentan su impunidad.
En Bolivia son conocidos los casos de miembros de los órganos del Estado sobre los que pesan sospechas de ser autores de violencia doméstica, violencia sexual, abuso sexual incestuoso, abandono de hijos e hijas, negativa a reconocer hijos concebidos irresponsablemente, hasta asesinatos, pero las investigaciones no avanzan.
Los crímenes como el asesinato de las concejalas Juana Quispe y Dagimar Rivera hasta la fecha no han sido resueltos, así como no son sancionados los miles de casos de violencia sexual lo que demuestra que cuando de la vida y la integridad de las mujeres se trata el Estado no está dispuesto a desplegar esfuerzo alguno. Un 25 de noviembre más que pasará cargado de salutaciones, promesas e hipócritas condolencias.
Por: Jonathan Núñez
Fuente: opinión.com
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