La Fiscalía pidió anoche condenas de 5, 10 y 20 años para el grupo de imputados por la red del narco boricua José Figueroa Agosto y el decomiso de vehículos de lujo, propiedades y apartamentos por más de 910 millones de pesos.
El ministerio público pidió que la confesa culpable Sobeida Féliz Morel, en cuyo poder estaban 4 millones de dólares, apartamentos y vehículos de la red, fuera condenada a de 5 años, sin ningún tipo de reclusión y la ratificación de su medida de coerción, porque está arrepentida y colaboró con las autoridades.
Para Madeline Bernard y Adolfina Peláez Frappier, el ministerio público pidió 10 años de reclusión y la multa mayor de 200 salarios mínimos, también se pidió la imposición de impedimento de salida.
Para Eddy Brito, Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ivanovich Smester y Juan José Fernández Ibarra, se pidió la pena de 20 años para cada uno por la supuesta violación de la Ley de Lavado de activos, además de blanqueo, con la multa de 200 salarios mínimos.
La petición la hizo el fiscal adjunto Ibo René Sánchez, quien junto a Agustín de la Cruz, Wendy Lora y Milcíades Lora, representan al ministerio público en el juicio.
En el caso de Féliz Morel se resaltó que tenía una defensa positiva y colaboró para el esclarecimiento de los hechos, admitiendo su culpa y pidiendo hacer lo mismo a los demás acusados. El ministerio público expuso en el tribunal que mostró un profudo arrepentimiento.
Sobre Dolfi y Mary Peláez, se dijo que se había comprobado los hechos que se les imputan y del mismo modo con los hombres del grupo a quienes se acusó de hacer ostentación de efectivo del exterior y adquisición de bienes, entre otros cargos.
Los problemas de salud de Eddy Brito retrasaron el inicio del juicio seguido contra los implicados en la red de Figueroa Agosto en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, debido a que el imputado tuvo que ser llevado a un centro de salud por sufrir hipertensión arterial.
A pocos minutos de comenzar la audiencia, a las 10 de la mañana, el abogado de Eddy Brito, Luis Aybar, pidió a los jueces que suspendieran la audiencia por los problemas de salud de su cliente, lo cual fue acogido por el ministerio público, por lo que el tribunal dispuso que fuera llevado a un centro médico.
Se solicitó que lo llevaran al hospital Padre Billini, lo que no fue posible porque ese centro se encuentra en reparación.
Para hacer su pedimento, el abogado del imputado aprovechó que el ministerio público había pedido un receso de cinco minutos para mostrar recursos audiovisuales como parte del dictamen de ayer.
Antes de ser sacado a un hospital, Brito fue chequeado por un médico legista en la misma Fiscalía, quien certificó que el acusado tenía la presión alta, por encima de 16, equivalente a 160. Aybar dijo que tenía meses pidiéndole a la Dirección de Prisiones que su defendido fuera llevado a un centro médico para revisar su tratamiento.
De Mary Peláez se explicó que no podía demostrar los bienes adquiridos y se presentó también como parte de la red, en el aspecto de asociación de malhechores.
fuente:elsiglo21.com
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